Insta al Juzgado de Olivenza a que averigüe si el Ayuntamiento incurrió en algún delito en la operación
Javier Montero, teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, ha enviado un escrito al juzgado de Olivenza en el que pide que se investigue si los miembros de las sucesivas corporaciones municipales de Olivenza han podido cometer algún delito al ceder 65.000 metros cuadrados a la empresa Lusográfica. El documento fue remitido al Juzgado el viernes.
Las corporaciones que se proponen para que sean investigadas son las que se han sucedido desde que tuvo lugar la cesión, que fue en el año 2001 por 400 euros.
El teniente fiscal no realiza ningún tipo de valoración en su informe, lo único que señala es que el juzgado investigue y adjunta la documentación del expediente sobre el que ha trabajado.
Antecedentes
El pasado mes de marzo el Partido Popular acudió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para denunciar que detrás del caso de Lusográfica podía haber lo que anunció como un ‘pelotazo urbanístico’, para que determinadas personas se quedaran con 65.000 metros cuadrados por una cantidad ridícula.
El 4 de febrero del año pasado la portavoz adjunta del Grupo Popular en la Asamblea, Cristina Teniente, denunció que el Ayuntamiento de Olivenza renunció en el año 2006 a la posibilidad de recuperar los terrenos de la planta de impresión. El alcalde era Ramón Rocha (PSOE), quien señaló que los propietarios de Lusográfica habían cumplido con los compromisos que tenían con el Ayuntamiento.
Según el PP, los empresarios no habían cumplido sus compromisos, ya que tenían que haber creado 100 puestos de trabajo, y la empresa llegó a tener 70 empleados, que se redujeron a 47 en 2009 cuando estaba en concurso de acreedores.
El PP intentó que se creara una comisión de investigación sobre el caso de Lusográfica en la Asamblea de Extremadura. El PSOE lo rechazó con sus votos y el 15 de marzo de 2009 el portavoz del PP en Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, anunció que una vez agotada la vía parlamentaria se estaba estudiando emprender acciones judiciales.
El Juzgado de Olivenza será quien investigue el proceder de los miembros de las corporaciones y determinará si hubo delito con respecto a Lusográfica. En el caso de que así sea, habrá que determinar si ha prescrito o no, porque hay delitos que pueden estar relacionados con la cesión irregular de terrenos que prescriben a los cinco años, según confirmaron fuentes judiciales. El punto de la vista de la Junta es bien distinto. Defienden que el Ayuntamiento socialista de Olivenza hizo lo que se suele hacer para atraer la instalación de una empresa de cierta importancia.
Sofiex, la entidad pública dependiente de la Junta entró en el accionariado con el 31% del capital. Desde la sociedad mantienen que los cálculos de negocio de Lusográfica fallaron por falta de clientela, pero aseguran que todas las actuaciones estuvieron ajustadas a derecho y además son las mismas de las que se han beneficiado otras empresas.
La cláusula resolutoria que el Ayuntamiento le puso a la empresa -no adquiriría la plena propiedad de los terrenos hasta haber mantenido la actividad durante cinco años- primero se pospuso por acuerdo municipal, para poder constituir una hipoteca, y luego se levantó antes de los cinco años.
Disputa política
Con esta diligencia, el asunto Lusográfica sale de la disputa política y entra en la vía judicial. La empresa que en su día apoyo la Junta de Extremadura a través de un préstamo de Sofiex, la sociedad de capital que apoya proyectos empresariales en la región, apenas duró cinco años como imprenta, de octubre de 2002 a noviembre de 2009, y nunca tuvo beneficios.
El gran cliente portugués que esperaba la firma no llegó nunca y Lusográfica empezó a dejar de pagar el préstamo que le dio la sociedad pública, lo que llevó a que en noviembre de 2009 un magistrado decretara el embargo a su nombre del edificio, la maquinaria, parcela, vehículos y cuentas bancarias.
Hasta ahora, la última noticia que se tenía de Lusográfica era del 27 de abril. Ese día la directora general de Empresa de la Junta de Extremadura, Ana María Alejandre, aclaró que el Ejecutivo regional mantenía contactos con empresarios del sector que pudieran estar interesados en hacerse cargo de la compañía gráfica. No dio muchas pistas, se limitó a seguir que el proceso «estaba madurando».
Pero muchos se acordaron de los rumores que se escucharon pocos días después del cierre, cuando algunos trabajadores aseguraban que había un comprador sevillano interesado. Ahora las informaciones sobre Lusográfica van en otra dirección, la de los juzgados.
LA CLAVE
Lusográfica:
Es una imprenta que se creó en Olivenza en el año 2002 con el apoyo de la Junta de Extremadura. El Grupo Lerner, del empresario Salomón Lerner, aportaba menos del 70% del capital,y la Junta, a través de Sofiex, participaba con el 31%.
No cumplió las expectativas. Cerró en 2009 y nunca creó los 100 puestos de trabajo que se esperaban.
LA CLAVE
Lusográfica:
Es una imprenta que se creó en Olivenza en el año 2002 con el apoyo de la Junta de Extremadura. El Grupo Lerner, del empresario Salomón Lerner, aportaba menos del 70% del capital,y la Junta, a través de Sofiex, participaba con el 31%.
No cumplió las expectativas. Cerró en 2009 y nunca creó los 100 puestos de trabajo que se esperaban.
Fuente: Diario Digital HOY.es
http://www.hoy.es/v/20100725/regional/fiscalia-tsjex-pide-investigue-20100725.html
Si se ha incurrido en algun delito en eta operación lo tendra que determinar un juez, ahora bien, el regalar mas de una hectarea de terreno del pueblo a una empresa tras cinco años de actividad, es un claro ejemplo de incompetencia, ¿por qué no e han podido ceder por períodos de cinco años ampliables según el desrrollo de la empresa, o por 25 años. Resulta que pequeños empresarios de la localidad han tenido que comprar el terreno para poder construir una nave para su negocio y desde luego no se lo han vendido a ese precio.